“Tener agua significa tener una vida más plena”.
Estas fueron las palabras de Clayton Ayala, un joven que nos dio su punto de vista acerca de la crisis hídrica. En los últimos años, la demanda del agua aumentó un 16.4%, mientras que su disponibilidad se encuentra en un 2.5%, según indican los datos del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN).
La crisis hídrica afecta mayoritariamente a las personas de zonas rurales, ya que son ellos quienes no tienen acceso constante a este recurso. Los datos del Informe de investigación Acceso al agua de calidad realizado por la UCA nos muestran que el 67.01% de hogares que deben recurrir a fuentes remotas para poder obtener agua son de dichas zonas, mientras que el 65.89% de hogares que sí cuentan con acceso a agua potable dentro de sus viviendas son de la zona urbana.
Esta desigualdad del recurso hídrico no solo se limita a la mala gestión, sino también a la injusticia social, donde comunidades cercanas a centros comerciales y zonas urbanas desprivilegiadas enfrentan escasez de agua mientras que establecimientos comerciales disfrutan de un suministro constante. Esta distribución evidencia una mala gestión del recurso hídrico, priorizando intereses económicos sobre el bienestar de la población.
¿Pero quién se encarga de la gestión de este recurso en nuestro país? En 1961, con el objetivo de que los salvadoreños tuviésemos acceso al agua, da inicio a lo que hoy conocemos como ANDA, Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados, siendo este el principal gestor; sin embargo, desde 2006 a 2011, el 97.2% de la producción de agua de nuestro territorio estuvo bajo el mando de ANDA, el otro 2.8% estuvo a cargo de sistemas descentralizados (como juntas de agua y sistemas comunitarios), quienes han ayudado activamente a que el agua pueda llegar a zonas remotas.
Una de las noticias más recientes y que ha dejado mucho de qué hablar es la situación que se está desarrollando a los alrededores del Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), ya que titulares como el del diario El salvador destacan que el agua contaminada con heces del Cecot ha afectado a 130 estudiantes, según investigaciones de Cristosal. Según los datos que se recolectaron, los pozos y ríos de tres comunidades aledañas al Cecot están contaminadas por desechos y bacterias, por lo cual más de 130 estudiantes de dos escuelas reciben agua insalubre y contaminada. Los habitantes de la comunidad El milagro y Cantarrana, del cantón San José Llano Grande, solicitaron la realización de pruebas de calidad de agua debido a que, según sus declaraciones, desde el traslado de los reos se ha evidenciado el cambio en sus fuentes de este suministro.
Organizaciones como OXFAM han expresado que la crisis del agua en El Salvador es una expresión de la desigualdad extrema, encabezada por una deficiente regulación y gestión del recurso hídrico. Y aunque se cuenta con la Ley General de Recursos Hídricos, es fundamental que se respeten las políticas que garantizan el acceso equitativo del vital tomando como prioridad el consumo humano y protegiendo los derechos de todos los habitantes de El Salvador ya que con ese objetivo entró en vigencia dicha ley: que todos tengamos acceso al agua, agua salubre y con un gestionamiento integral. Esto está respaldado por el Artículo 2 de la Ley General de Recursos Hídricos: “La presente Ley es de orden público y tiene como objeto regular la gestión integral de las aguas, su sostenibilidad, garantizar el derecho humano al agua, la seguridad hídrica para una mejor calidad de vida de todos los habitantes del país; y promover el desarrollo humano, social y económico mediante la utilización sustentable de los recursos hídricos”.
En conclusión, aun existiendo una Ley General de Recursos Hídricos que busca que todos gocemos de este derecho, nos encontramos ante ciertas irregularidades como lo son las zonas privilegiadas donde no se ve un control de este líquido, en diferencia a aquellos lugares donde el agua llega únicamente ciertos días en horarios nocturnos. En relación a todo lo mencionado anteriormente, es necesario que el Estado tome medidas para que se pueda garantizar el derecho humano al agua en cada hogar salvadoreño, mejorando nuestra calidad de vida.
Algunas de nuestras recomendaciones ante esta problemática son:
- - Reforzar la conciencia medioambiental en centros educativos, para que los niños y jóvenes puedan reconocer el valor del agua y comprendan su valor dentro de la sociedad.
- - Implementar monitorización de parte del Estado para garantizar que el agua llegue a todas las zonas del país.
- - Cumplir y respetar la Ley General de Recursos Hídricos, dándole prioridad al pueblo salvadoreño antes que a los intereses comerciales o industriales.
Bibliografía
https://apicrai.uca.edu.sv:8080/riuca/api/core/bitstreams/af1fd9a6-021e-4500-bbda-625d7a8a6cb4/contenthttps://www.elsalvador.com/noticias/nacional/prision-contaminacion-derechos-humanos/1158525/2024/https://www.asa.gob.sv/download/ley-del-agua/https://www.nationalgeographic.es/photoaquae/2019/03/11-datos-interesantes-sobre-el-agua
